Gobierno abierto y derecho internacional: la experiencia del Secretariado Técnico Local en Nuevo León
Los 63 países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto buscan mejorar la eficiencia de cada gobierno y acercar las instituciones a la sociedad civil a través del diálogo, la colaboración y la creación en conjunto de políticas públicas que logren transitar al 2030 cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con particular atención a los objetivos 16 y 17 dirigidos a fomentar instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles a través de ejercicios basados en la transversalidad, en este trabajo se analiza el caso de Nuevo León y su esfuerzo para fortalecer iniciativas hincadas en los ejes del Plan de Acción de 2016-2018 cuyos temas abarcan Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho; Igualdad de género; Pobreza y desigualdad; Sistema Nacional Anticorrupción; Gobernanza de recursos naturales y cambio climático; Servicios públicos de salud y Servicios públicos de agua. En la primera parte de este trabajo se analiza el derecho a saber, el derecho a la información y el derecho a un buen gobierno que alimentan las iniciativas que a nivel local tratan de implementar disposiciones que encontramos en instrumentos jurídicos internacionales. En el Estado de Nuevo León para este fin se creó el Secretariado Técnico Local como máxima instancia de decisión y coordinación entre gobierno y ciudadanía para el ejercicio de Gobierno Abierto; se trata del primer órgano colegiado de esta naturaleza, en México, a incluir a representantes los tres poderes En la segunda parte se analiza la labor del Secretariado como experimento de creación en conjunto entre Asociaciones de la Sociedad Civil, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En las conclusiones se presentan los resultados de la creación de un espacio para la construcción de consensos entre sociedad e instituciones públicas para contribuir al Plan de Acción Local conformado por compromisos concretos para la atención de problemas públicos a los cuales se les asignaron prioridades de acuerdo a lo que la ciudadanía expresó en las encuestas.