Judicialización de las elecciones o formación de la cultura de legalidad electoral. Dilema fundamental para la democracia mexicana.

México representa el caso de una democracia emergente, dado que la revolución de 1910, por la cual se eliminó la dictadura porfirista, se prolongó hasta el régimen de Plutarco Elías Calles, quien conformó un instituto político sólido e incluyente, que logró encausar las aspiraciones de las distintas fuerzas nacionales, por lo que ejerció la supremacía absoluta hasta fechas muy recientes. Ante la presión de la opinión pública interna y externa, el cumplimiento de compromisos internacionales garantistas y el reclamo de grupos sociales específicos, el país se vio en la necesidad de iniciar un proceso de apertura democrática que incluyó la reforma continua de normas y la formación de instituciones electorales que permitieron la presencia de actores nuevos en las lides comiciales. Estas instituciones han evolucionado rápidamente y consolidado su experiencia y ejercicio profesional, pero no han logrado captar la suficiente confianza ciudadana para ejercer sus funciones contando con el apoyo mayoritario, por lo cual, las elecciones se han vuelto un tema interminable de enfrentamiento y crispación, por lo que las contiendas electorales se deciden en vía impugnativa y no por el cómputo de los resultados respectivos. Las prácticas abiertas o disimuladas de infracciones legales y las mutuas acusaciones y descalificaciones de partidos políticos y candidatos son prácticamente una constante en cualquier pugna electoral, situación que se vuelve más evidente tratándose de la elección de los jefes de los poderes ejecutivos federal o locales, de aquí que se ha caído en la práctica no frecuente sino constante de la judicialización electoral. Frente a ello, hay otra posibilidad , muchos más ardua pero absolutamente indispensable para el desarrollo democrático real de la nación, que es la de formar y fortalecer una auténtica cultura de legalidad electoral. Esta ponencia señala los retos y oportunidades que esta última opción representan y, con base doctrinal, legal y estadística, proporciona un campo amplio para la reflexión y la controversia.

Marco Antonio Pérez De los Reyes /Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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