La expansión de órganos constitucionales autónomos en México: centralización por vías nuevas
En las democracias contemporáneas es bien conocida la reestructuración de la división de poderes mediante la creación de organismos estatales especializados o autónomos: comisiones de derechos humanos, auditorías, fiscalías, contralorías y similares. Esta senda de cambio institucional se ha seguido en México desde la década de 1990, entre otros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1992-1999) y el Banco de México (1993). En años recientes, a raíz del acuerdo político firmado en diciembre de 2012 entre el presidente entrante (Enrique Peña Nieto), su partido y las principales fuerzas de oposición —el llamado Pacto por México—, nuevos y renovados órganos constitucionales —el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros— acotan, controlan o limitan los márgenes de acción de las autoridades estatales y municipales. Esta tendencia de cambio institucional, que dota de mayores competencias y recursos a instituciones con autonomía constitucional con capacidades nacionales, renueva la centralización en México en un contexto democrático.
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