Sistematización de la hoja de ruta del programa Con Ética de la Administración de León, Guanajuato (2012-2015).
La ética aplicada al servicio público es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Es clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. (Diego Bautista, 2009, p.15). En un contexto local inédito de alternancia después de 24 años de gobernar el PAN, en octubre 2012 Bárbara Botello del PRI toma protesta. En febrero 2013, se instaura el Comité Ciudadano Anticorrupción y firma el Código de ética para la administración municipal. En noviembre se crea el Consejo de Gestión Ética Municipal Comité Interinstitucional de Gestión Ética Municipal presidido por el contralor municipal Alberto Padilla Camacho. Esto presenta a la ética en el centro del actuar gubernamental, por lo que es de vital importancia evaluar esta política pública para analizar los elementos de éxito y los obstáculos que merman la cultura de probidad en el servicio público. Esta investigación es la sistematización del Programa Con Ética del Ayuntamiento de León 2012-2015 en el que trabajé como asesora externa. El interés original es comprender ¿Cuáles son los factores que permiten la implementación de una ética pública? La metodología es cualitativa con observación participante e investigación documental. En una primera parte, se presenta el análisis descriptivo de las acciones de gobierno y del contexto político con respecto a la ética pública. En segundo lugar, se recupera ordenadamente el proceso de conformación de los Planes de acción de Gestión Ética. Finalmente, se procede a la interpretación crítica del proceso, y a la presentación holística para evaluar el avance de los Planes de Gestión Ética con respecto a la evaluación del desempeño gubernamental. Se concluye que, para la institucionalización de una cultura de probidad, se necesita compromisos fuertes de los titulares de las dependencias, una formación de razonamiento ético y la colaboración ciudadana, aspectos ausentes en este estudio de caso.