Respuestas estatales ante la desaparición de personas
La desaparición de decenas de miles de personas en México en el contexto del combate militarizado a la delincuencia iniciado por el gobierno federal en diciembre de 2006, ha actualizado en la agenda nacional un problema que parecía asunto del pasado: la desaparición de personas, incluso la desaparición forzada que implica la participación de agentes del Estado. El objetivo de este trabajo es revisar las acciones políticas, administrativas y legales desarrolladas por instituciones estatales para hacer frente al problema de la desaparición de personas y a las demandas de justicia y verdad de los familiares de las víctimas. En particular, este trabajo examina las respuestas desarrolladas por el gobierno estatal de Nuevo León y el Congreso local de esa entidad entre 2009 y 2015, donde según el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas se han desarrollado acciones que constituyen buenas prácticas que recomienda se amplíen a otros estados del país. El análisis se encamina a revisar de qué manera las instituciones estatales de Nuevo León responden a estas demandas y de qué manera contribuyen a cumplir o no con la obligación de los Estados de promover y respetar los derechos humanos.
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