Impacto fiscal de las Leyes Anticorrupción
La reforma constitucional de 2015 estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo comité, a la vez de generar una sinergia en la que estas instituciones actúen de manera coordinada y alineada por primera vez bajo una Política Nacional Anticorrupción. A partir de esta reforma se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para definir que la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos sería aplicable a funcionarios, y elaborada por la Cámara Baja. Así mismo, fue en esta instancia donde se definió que la Comisión debía de tener coordinación con las contralorías de las diferentes dependencias correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El 18 de Julio de 2016, se publica en el D.O.F. el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del SNA. De esta manera, y a partir de una metodología cualitativa no experimental, basada en las leyes antes descritas, la presente investigación conduce a integrar una visión del estado actual de las facultades y procedimientos que posee la autoridad para conducir el SNA; además de incluir a la discrepancia fiscal como una variable que determina uno de los fundamentos más importantes por los que procede la autoridad para determinar inconsistencias en el origen de los ingresos tanto de personas morales como de servidores públicos. Factores que permitirán proponer el horizonte hacia el que se podría dirigir el propio Sistema Nacional Anticorrupción antes de finalizar la segunda década del siglo XXI.
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