Análisis de política pública: sistema judicial guatemalteco

El sistema judicial de Guatemala tiene muchas carencias que ansiosamente se buscan reformar para poder proveer el servicio de justicia de manera más eficaz a la ciudadanía. Después de las movilizaciones sociales de 2015 en contra de la corrupción del gobierno guatemalteco, saltaron a la arena política temas a tratar para reformar el Estado (Montenegro & Gutiérrez, 2016). Entre estos temas resaltaba la reforma al sector justicia, tema que a inicios de 2017 forma parte de la agenda política más inminente en las discusiones de reforma constitucional en el Congreso. En este caso, la justicia representa importancia estructural y coyuntural. El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis exhaustivo de la política pública judicial del Estado guatemalteco desde la disciplina de la elección pública (Public Choice) y el análisis económico del derecho (Law and Economics). La pregunta principal de investigación que se busca responder es: ¿cómo funciona el sistema judicial en Guatemala? La idea es estudiar el sistema desde su origen, analizando los actores que lo propulsaron y las condiciones institucionales que facilitaron el proceso de su elaboración. Se hace especial énfasis en la estructura de incentivos alrededor de los jueces, la carrera judicial, el acceso a la justicia y la percepción de la ciudadanía hacia el sistema, comparando este último tema con otros países latinoamericanos. Con datos del Organismo Judicial de Guatemala, se explora el alcance territorial de los diferentes juzgados que hay, así como la cantidad de jueces y la relación entre instancias judiciales. Se busca identificar los espacios donde existe o pueda existir politización (Román Masedo, 2010) y catalogar al sistema judicial guatemalteco dentro de un espectro de profesionalización de administración pública (Zuvanic, Iacoviello, & Rodríguez, 2016), partiendo de la premisa de que los jueces son un tipo de burócratas que ejecutan la política pública de justicia dentro de un Estado moderno. Por último, se hace un breve repaso de las reformas constitucionales propuestas para el sector justicia desde finales de 2016 y cómo ayudan/perjudican al diseño actual.

Edgar Gutiérrez Aiza /Universidad Francisco Marroquín
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